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Las empresas deberán registrar sus contratos e identificar a sus clientes en una base de datos accesible a las fuerzas de seguridad del Estado


Licencia turística

Las empresas de alquiler de vehículos y las dedicadas al hospedaje en viviendas vacacionales tendrán la obligación de contar con un registro documental de sus contratos, con el objetivo de que las fuerzas de seguridad cuenten con información de posibles sospechosos yihadistas.


Así lo anunció ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pacto antiyihadista a la que acudieron representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, UPyD, UPN y Podemos, éste último en calidad de observador, en tanto que los partidos nacionalistas ERC, PdecaT y PNV han rechazado participar (CC excusó ayer su presencia).

Zoido aseguro que el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas legislativas "ya en fase de conclusión" y que estarán en vigor a lo largo del próximo año, entre ellas, un real decreto para que las empresas de alquiler de vehículos, los llamados rent a car , y las plataformas de hospedajes vacacionales estén obligadas a registrar a sus clientes en una base de datos. El objetivo es "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas", señaló.


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Interior también quiere reforzar algunos preceptos de la ley de Protección Ciudadana o impulsar medidas relativas al registro de entidades religiosas, aunque el titular de Interior no precisó en qué sentido irán los cambios legislativos.


Se modificará también el reglamento de gases licuados de petróleo para mejorar el control de las bombonas de butano, en tanto que se pretende avanzar en una nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas" para dotar de mayor eficacia a las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo.


El resto de medidas persiguen unificar la legislación española con la normativa europea en el combate del yihadismo. En este conjunto, Interior incluye el anteproyecto de ley para la trasmisión de datos de reserva de vuelos, a fin de que los servicios de información puedan detectar patrones de conducta compatibles con la amenaza terrorista o el reglamento de precursores de explosivos y drogas.


Extranjería


En materia de extranjería, el Ejecutivo está también trabajando en algunas reformas para adaptar la norma a la de la Unión Eueropea, con el objetivo de que eviten que se repitan situaciones como la que impidió la repatriación del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty -inspirador de los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto y líder de la célula yihadista que los cometió- después de su paso por prisión.



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El sector cree que sufrirá competencia desleal y reclama más regulación

Licencia turística

El sector hotelero madrileño se mostró este viernes rotundamente en contra del Decreto que prepara la Comunidad de Madrid para regular la actividad de plataformas como Airbnb, Homeaway o Booking, y que también impondrá normas a los propietarios que pretendan alquilar viviendas para uso turístico por no exigirles una licencia turística. "No es posible que nosotros suframos más de 400 normas al mismo tiempo y a los propietarios se les diga que solamente tienen que disponer de agua fría y caliente, calefacción, extintor y señalización de emergencia", manifestaba Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), que aglutina a buena parte de los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la capital y muchos otros de una, dos y tres estrellas.


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García recordó a este periódico que a los hoteles, hoy en día, "se nos vigila hasta por el tipo de tejidos que utilizamos en las habitaciones". "Cada año nos llegan modificaciones legales más exigentes que cumplimos sin objeción porque entendemos que Bruselas apuesta por la calidad y nosotros, a su vez, queremos que Madrid se distinga precisamente por ella". Mientras, el borrador de Decreto que prepara Cifuentes, conocido el pasado jueves, "otorga a los propietarios los mismos derechos" que al sector hotelero "pero en ningún caso los mismos deberes" ya que no tendrán que contar con ninguna licencia turística.

En este sentido, el también vicepresidente de Cehat, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, censura que la futura norma madrileña "se limita a dar por válido todo lo que quede registrado", en referencia al hecho de que los propietarios deban contar con un visado expedido por un técnico; y a que tengan que comunicar a la Policía la identidad de sus inquilinos. "Con eso prácticamente les bastará para desarrollar la actividad con total normalidad" gracias a un Decreto que va a facilitar "que una vivienda se convierta en cinco pisos distintos de uso turístico".


El texto tampoco gusta en absoluto a una de las patronales más representativas del sector, la Alianza por la Excelencia Turística Exceltur, que, si bien el viernes no se posicionó oficlamente contra el borrador conocido el jueves, ya había hecho saber a el Economista su "disconformidad" con un Decreto que entienden "ultraliberalizador" y contrario al ordenamiento de la actividad.

La reacción que llega desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) tampoco es precisamente positiva. A juicio de su vicepresidente, Apolonio Dorado Muñoz, las comunidades de vecinos no se tienen que ver en la tesitura de "prohibir" la actividad de pisos para alquiler turístico en sus edificios, tal y como refleja el borrador del Gobierno madrileño, sino que más bien deberían tener competencias "para autorizar" un uso que ni es ni turístico ni residencial, sino más bien de carácter "terciario". Este experto advierte de que la intención del Ejecutivo de Cifuentes de permitir que un 75% de las viviendas de un bloque puedan destinarse al alquiler turístico es, en realidad, "una limitación demasiado permisiva" que puede "obstaculizar la convivencia" en el seno de esas comunidades.

Ese problema también es citado por Gabriel García, quien cree que hay barrios que "no pueden más" ante la proliferación de este negocio, que a su vez provoca masificación. En ese sentido, García cree que Madrid puede perder la calidad que ha ido ganando en los últimos años. "Hace dos años el turismo nacional era el responsable del 70% de las visitas a Madrid, y ahora el extranjero supera por primera vez en cuota", asevera. Es algo que ha provocado un aumento de ingresos, una ventaja competitiva que se puede dar la vuelta si la oferta de bajo coste sigue proliferando.


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Madrid, 21 dic (EFE).- Las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid tendrán que tener un certificado de idoneidad, un documento técnico con el que se pretende garantizar que tienen los parámetros necesarios para ser ofertadas, según un borrador de decreto del Gobierno regional.


Licencia turística

El Ejecutivo madrileño ha publicado en el Portal de Transparencia el borrador decreto que debe regular las licencias turísticas de viviendas y que sustituirá a otro de 2014.


El texto, al que durante 15 día hábiles se pueden presentar alegaciones, crea el Certificado de Idoneidad para las viviendas de Uso Turístico (CIVUT), que podrá ser expedido por un arquitecto y permitirá a los propietarios de inmuebles dar de alta sus viviendas en el Registro de la Comunidad de Madrid.


"Se trata de un documento que certificará que el inmueble en cuestión cumple con todos los requisitos fijados por la normativa. De este modo, se ofrece seguridad no sólo a los consumidores, sino también a los propietarios y al vecindario en el que se ubique la vivienda", explica el Gobierno regional en un comunicado.


El borrador del decreto también define a las plataformas digitales que ofrecen el alquiler de estas viviendas como "empresas turísticas", por lo que estarán obligadas a cumplir la legislación y tendrán tanto derechos como obligaciones.


Deberán responsabilizarse de publicitar en sus webs sólo aquellas viviendas que estén dadas de alta en el Registro de la Comunidad de Madrid y si no cumplen con esa obligación, la administración autonómica podría abrir expedientes disciplinarios, que, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Turismo, podría suponer la imposición de sanciones de hasta 300.000 euros.

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Los propietarios de las viviendas turísticas estarán obligados a garantizar la seguridad de la actividad, por lo que deberán remitir a la Dirección General de Policía la información relativa a la identidad de las personas que se alojan en ellos.


También tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil; poseer hojas de reclamación a disposición de los usuarios; disponer de calefacción en funcionamiento, suministro de agua fría y caliente y fuentes de energía suficientes, y respetar el ratio de capacidad de personas alojables en función de las dimensiones de la vivienda. EFE



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