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Licencia turística

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) creen que la "lupa" de Hacienda sobre las plataformas de alquiler turístico con la norma que aprobará este viernes el Gobierno --obligará a estas plataformas a enviar a la Agencia Tributaria la información relativa a propietarios y clientes-- está "respaldada" por la ley y servirá para ordenar el "caos" creado como consecuencia de ciertas transacciones realizadas por Internet y que, en ocasiones, provoca que la tributación haga aguas.


Gestha recuerda que en efecto las ganancias que obtienen los propietarios de esos inmuebles deben tributar, y recabar esta información contribuirá a que lo hagan para que esos ingresos puedan asimismo incrementar la recaudación tributaria.


A partir del próximo mes de julio, plataformas como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba deberán enviar a la Agencia Tributaria la información relativa a los propietarios y a los inquilinos de los inmuebles, de manera que estas empresas estarán obligadas a presentar informes, de forma periódica, en los que detallen su actividad.


Concretamente, tanto las personas como las compañías que presten los servicios de intermediación tendrán que rellenar un formulario -denominado 179- para facilitar la información sobre los clientes en aras de aflorar y declarar buena parte de la actividad económica actualmente camuflada.


No obstante, desde 2015 Hacienda está enviando cartas para recordar a los contribuyentes que hayan recibido rentas por alquilar sus inmuebles que estas deben incluirse en su declaración. Así, los ingresos percibidos por los alquileres tienen que declararse en el IRPF y tributar por renta.



En dicho formulario deben aparecer los datos de la identidad del titular que alquila la vivienda o del que ejerce el derecho por cesión y del inquilino; la identificación del inmueble, incluida la referencia catastral; el número de días que se alquila; y el precio por el disfrute de la estancia.


A este respecto, si bien la patronal de empresas turísticas Exceltur aplaudió esta medida al considerar que se trata de un paso muy importante para erradicar la opacidad fiscal y facilitar el cumplimiento de la normativa que regula los alojamientos turísticos, Gestha cree que las plataformas "probablemente lo recurrirán, alegando que supone un menoscabo de la privacidad e intimidad de quienes intervienen en estas operaciones y que puede colisionar con la Ley de protección de datos".


En este sentido, recuerda que la Ley General Tributaria recoge la obligación de ceder a Hacienda datos que pudieran tener trascendencia tributaria.


COPIA DEL DNI DEL CLIENTE


Asimismo, el que cede el inmueble -no la empresa intermediaria- deberá quedarse con una copia del DNI del cliente, lo que Gestha cree que "sí podría generar alguna polémica".

Sin embargo, señala que este tipo de identificaciones para saber quiénes alquilan las viviendas para uso turístico también pueden ayudar, por ejemplo, a luchar contra el blanqueo de capitales, ya que evitarán que los propietarios se las alquilen a sí mismos o que sean utilizadas por testaferros.


Además, añade que de algunas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional se desprende que el derecho a la intimidad no sufre porque se cedan datos de trascendencia tributaria. En España, la Ley del comercio electrónico, que traspone directivas europeas, dice que hay que aplicar las normas tributarias, pese a que las operaciones sean electrónicas.


Asimismo, la Ley de protección de datos recoge la posibilidad de ceder todo tipo de datos que se contemplen en la legislación, al tiempo que la Ley General Tributaria ampara esta opción, siempre que sean de trascendencia tributaria, como es el caso, señala Gestha.




Licencia turística

Madrid podría llegar a perder hasta 771.000.000 euros las próximas Navidades si el Ayuntamiento de Manuela Carmena acaba reduciendo el número de licencias turísticas a tan solo un millar, ya que la oferta turística se reduciría un 90% -actualmente hay más de 10.000 viviendas alquilándose por días- lo que disminuiría drásticamente, no solo el ingreso de una vivienda por noche, sino también el de todos los comercios de su alrededor.


A día de hoy las viviendas dedicadas a hospedar a viajeros en Madrid generan unos ingresos directos anuales para los comercios de la zona de más de 700.000.000 euros, si tenemos en cuenta un gasto medio de 85 euros por persona y día.


Este gasto podría verse reducido dramáticamente de limitarse la oferta de viviendas con licencia turística a 1.000, que es una de las posibilidades que se plantean para el próximo año.



Durante el desayuno informativo que tuvo lugar el pasado 13 de diciembre, Manuela Carmena anunció la posibilidad de alquilar viviendas por menos de 90 días como una actividad de economía colaborativa, una vez superados, será obligatoria una licencia turística urbanística de hospedaje y se considerarán alojamientos de carácter profesional.


Para ello, se pasaría a conceder 1.000 licencias turísticas, pero si tenemos en cuenta que actualmente hay más de 10.000 viviendas de uso turístico en Madrid, significaría una reducción del 90% de la oferta actual.


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El objetivo de la regulación es controlar el fenómeno de "turismofobia" pero, según Chema González -director de Alterhome.es, empresa dedicada a la gestión de viviendas turísticas que ayuda a particulares con todas las gestiones de su hogar - podría pasarle factura a la capital en cuestión de ingresos, además de suponer una pérdida de competitividad, ya que Madrid contaría con una oferta menor que la deseada.


"Ciudades como Barcelona han visto subir en exceso el precio por noche simplemente porque la oferta es insuficiente, lo que explosiona los precios de una forma inorgánica y dañina para el consumidor".


Las viviendas de uso turístico siguen luchando por optar a tener su propio hueco en el mercado y poder consolidarse así, como una oferta más, con todas las garantías necesarias, dentro del sector turístico.


Bien es cierto que tener 17 regulaciones diferentes en España, y aún más, si contamos también con la propia de los ayuntamientos, como es el caso del consistorio de Madrid, dificulta mucho la posibilidad de llegar a tener un sector sano y eficiente como en otras ciudades europeas.



A su vez, la Comunidad Autónoma de Madrid, dirigida por el Partido Popular, está tramitando un nuevo Decreto para regular las licencias turísticas de las viviendas de uso turístico en toda la Comunidad, el cual se espera que entre en vigor antes del periodo estival. De ser así, entraría en serio conflicto con los objetivos de la regulación propuesta por el Ayuntamiento madrileño.


Fuente: Periodista Digital artículo original publicado el 3/1/2018 y actualizado el 25/8/2021


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Las empresas deberán registrar sus contratos e identificar a sus clientes en una base de datos accesible a las fuerzas de seguridad del Estado


Licencia turística

Las empresas de alquiler de vehículos y las dedicadas al hospedaje en viviendas vacacionales tendrán la obligación de contar con un registro documental de sus contratos, con el objetivo de que las fuerzas de seguridad cuenten con información de posibles sospechosos yihadistas.


Así lo anunció ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pacto antiyihadista a la que acudieron representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, UPyD, UPN y Podemos, éste último en calidad de observador, en tanto que los partidos nacionalistas ERC, PdecaT y PNV han rechazado participar (CC excusó ayer su presencia).

Zoido aseguro que el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas legislativas "ya en fase de conclusión" y que estarán en vigor a lo largo del próximo año, entre ellas, un real decreto para que las empresas de alquiler de vehículos, los llamados rent a car , y las plataformas de hospedajes vacacionales estén obligadas a registrar a sus clientes en una base de datos. El objetivo es "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas", señaló.


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Interior también quiere reforzar algunos preceptos de la ley de Protección Ciudadana o impulsar medidas relativas al registro de entidades religiosas, aunque el titular de Interior no precisó en qué sentido irán los cambios legislativos.


Se modificará también el reglamento de gases licuados de petróleo para mejorar el control de las bombonas de butano, en tanto que se pretende avanzar en una nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas" para dotar de mayor eficacia a las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo.


El resto de medidas persiguen unificar la legislación española con la normativa europea en el combate del yihadismo. En este conjunto, Interior incluye el anteproyecto de ley para la trasmisión de datos de reserva de vuelos, a fin de que los servicios de información puedan detectar patrones de conducta compatibles con la amenaza terrorista o el reglamento de precursores de explosivos y drogas.


Extranjería


En materia de extranjería, el Ejecutivo está también trabajando en algunas reformas para adaptar la norma a la de la Unión Eueropea, con el objetivo de que eviten que se repitan situaciones como la que impidió la repatriación del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty -inspirador de los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto y líder de la célula yihadista que los cometió- después de su paso por prisión.



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