Actualizado: mar 8

El Ayuntamiento de la capital fijará cupos para viviendas que se utilicen con fines turísticos más de tres meses al año



El Ayuntamiento de Madrid fijará cupos en la concesión de licencias a viviendas de particulares que quieran ser alquiladas al turismo más allá de tres meses al año, cuota que vendrá fijada por la capacidad de los barrios. La mayoría de estas viviendas son alquiladas mediante plataformas como Airbnb, aunque la regulación no está dirigida a estas compañías.


Esa capacidad quedará recogida en el plan especial de control de usos turísticos a elaborar. Determinará la capacidad de los barrios, sobre todos los del centro, para asumir hoteles, apartamentos y viviendas turísticas.


El Ayuntamiento de Madrid regulará los pisos turísticos permitiendo el alquiler de viviendas de particulares durante un tope máximo que no podrá llegar a los 90 días al año. Más allá de ese plazo exigirán licencias para poder ser alquilados.


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Plan General de Ordenación Urbana


El Consistorio ejercerá un sistema de control como en las demás actividades terciarias, como bares y comercio, y fijará las tasas en la correspondiente ordenanza de licencias.

El nuevo marco normativo se pondrá en marcha cuando se apruebe la consulta a la comisión de interpretación del Plan General de Ordenación Urbana y el plan especial de usos terciarios en la ciudad.


El Ayuntamiento estima que sean en un principio entre 1.000 y 1.200 viviendas las que solicitarán licencia, cifra extraída del censo de la Comunidad.


Regularización en Barcelona


Por su parte, en Cataluña se han regularizado 356.232 plazas en alojamientos turísticos desde el inicio, en 2012, del proceso de regulación de plazas en apartamentos y viviendas de uso turístico, según ha informado este jueves la Dirección General de Turismo (DGT), que ha cifrado en 65.000 el total de establecimientos regularizados.


En el marco de la campaña de inspección a gestores y propietarios de viviendas y apartamentos de uso turístico, la Generalitat ha resuelto 850 expedientes sancionadores, de los cuales 373 son de Barcelona y Catalunya Central, 243 de Girona, 203 de Tarragona y Terres de l'Ebre y 31 de Lleida y la Vall d'Aran.


En total, se han realizado 16.856 inspecciones que han concluido con la apertura de 1.079 expedientes sancionadores --850 resueltos--, incidiendo en más de 18.785 plazas de alojamiento ilegal distribuidas en 3.415 viviendas turísticas y con multas entre los 3.001 euros y los 30.000 euros que superan los cuatro millones de euros recaudados.


Fuente: El Español


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Actualizado: mar 8


El Ministerio de Hacienda obligará a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, a enviar a la Agencia Tributaria a partir del próximo mes de julio la información relativa a propietarios y clientes. También tendrán que presentar informes periódicos para declarar “con más detalle” su actividad.


Estas medidas figuran en las ‘Novedades informativas 2017’ publicadas por la Agencia Tributaria, en la que se señala que la entrada en vigor de la declaración informativa de la cesión de viviendas con fines turísticos está prevista para el mes de julio.


La declaración será obligatoria para personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre cedentes y cesionarios. En particular, las personas o entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información.


La información a suministrar tendrá que contemplar la identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y de las personas o entidades cesionarias.


Asimismo, deberá procederse a la identificación del inmueble con especificación de la referencia catastral, en su caso; del número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos y del importe percibido, en su caso, por el titular cedente del derecho.


La Agencia Tributaria introdujo como novedad en la Campaña de la Renta de 2015 la advertencia al contribuyente sobre anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido Internet, y recordando que si se percibían ingresos por este concepto, se debían declarar.


Y es que el control sobre los alquileres no declarados es uno de los principales objetivos que cada año se marca la Agencia Tributaria. Así, durante el pasado ejercicio la AEAT avisó a un total de 21.500 contribuyentes de que tenía constancia de que habían alquilado un inmueble, y que, por tanto, tenían que incluir el dinero que hubiesen recibido por este concepto en su declaración.


El proyecto de decreto indica que “los cedentes del uso de la vivienda con fines turísticos deberán conservar una copia del documento de identificación de las personas beneficiarias del servicio“, y señala que el modelo de declaración, forma, plazo y lugar de presentación se aprobará mediante orden ministerial.


Fuente: TecnoHotel


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Actualizado: mar 8


Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) creen que la "lupa" de Hacienda sobre las plataformas de alquiler turístico con la norma que aprobará este viernes el Gobierno --obligará a estas plataformas a enviar a la Agencia Tributaria la información relativa a propietarios y clientes-- está "respaldada" por la ley y servirá para ordenar el "caos" creado como consecuencia de ciertas transacciones realizadas por Internet y que, en ocasiones, provoca que la tributación haga aguas.


Gestha recuerda que en efecto las ganancias que obtienen los propietarios de esos inmuebles deben tributar, y recabar esta información contribuirá a que lo hagan para que esos ingresos puedan asimismo incrementar la recaudación tributaria.


A partir del próximo mes de julio, plataformas como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba deberán enviar a la Agencia Tributaria la información relativa a los propietarios y a los inquilinos de los inmuebles, de manera que estas empresas estarán obligadas a presentar informes, de forma periódica, en los que detallen su actividad.


Concretamente, tanto las personas como las compañías que presten los servicios de intermediación tendrán que rellenar un formulario -denominado 179- para facilitar la información sobre los clientes en aras de aflorar y declarar buena parte de la actividad económica actualmente camuflada.


No obstante, desde 2015 Hacienda está enviando cartas para recordar a los contribuyentes que hayan recibido rentas por alquilar sus inmuebles que estas deben incluirse en su declaración. Así, los ingresos percibidos por los alquileres tienen que declararse en el IRPF y tributar por renta.


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En dicho formulario deben aparecer los datos de la identidad del titular que alquila la vivienda o del que ejerce el derecho por cesión y del inquilino; la identificación del inmueble, incluida la referencia catastral; el número de días que se alquila; y el precio por el disfrute de la estancia.


A este respecto, si bien la patronal de empresas turísticas Exceltur aplaudió esta medida al considerar que se trata de un paso muy importante para erradicar la opacidad fiscal y facilitar el cumplimiento de la normativa que regula los alojamientos turísticos, Gestha cree que las plataformas "probablemente lo recurrirán, alegando que supone un menoscabo de la privacidad e intimidad de quienes intervienen en estas operaciones y que puede colisionar con la Ley de protección de datos".


En este sentido, recuerda que la Ley General Tributaria recoge la obligación de ceder a Hacienda datos que pudieran tener trascendencia tributaria.


COPIA DEL DNI DEL CLIENTE


Asimismo, el que cede el inmueble -no la empresa intermediaria- deberá quedarse con una copia del DNI del cliente, lo que Gestha cree que "sí podría generar alguna polémica".

Sin embargo, señala que este tipo de identificaciones para saber quiénes alquilan las viviendas para uso turístico también pueden ayudar, por ejemplo, a luchar contra el blanqueo de capitales, ya que evitarán que los propietarios se las alquilen a sí mismos o que sean utilizadas por testaferros.


Además, añade que de algunas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional se desprende que el derecho a la intimidad no sufre porque se cedan datos de trascendencia tributaria. En España, la Ley del comercio electrónico, que traspone directivas europeas, dice que hay que aplicar las normas tributarias, pese a que las operaciones sean electrónicas.


Asimismo, la Ley de protección de datos recoge la posibilidad de ceder todo tipo de datos que se contemplen en la legislación, al tiempo que la Ley General Tributaria ampara esta opción, siempre que sean de trascendencia tributaria, como es el caso, señala Gestha.


Fuente: El Economista


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