Actualizado: mar 8



Desde el pasado verano, el consistorio madrileño ha abierto un total de 106 expedientes a unidades de alojamiento turístico que podían estar ejerciendo esta actividad sin licencia.


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Combatir el fenómeno de la turistificación se ha convertido en una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid. La sustitución de la vivienda permanente por vivienda temporal destinada al alojamiento turístico está teniendo consecuencias peligrosas para la capital española, según el consistorio: el incremento del precio del alquiler hasta máximos históricos, la expulsión de los vecinos madrileños de sus barrios hacia la periferia y, por tanto, el deterioro en las comunidades de los distritos más afectados. De ahí el plan especial aprobado en la Junta de Gobierno municipal para exigir una licencia de hospedaje a los propietarios que destinen su vivienda a alojar a turistas más de tres meses al año. Pero no solo eso: el consistorio ya está actuando contra aquellas unidades de alojamiento turístico que podrían estar ejerciendo esta actividad sin el permiso y que han sido denunciadas por las asociaciones vecinales.


Según datos a los que ha accedido este diario, en los últimos ocho meses la Agencia de Actividades del ayuntamiento ha abierto expedientes administrativos a un total de 106 viviendastodas ellas situadas en el distrito Centro— y durante los meses de diciembre y enero fueron objeto de inspecciones municipales. En el caso de 63 de ellas, el consistorio logró identificar el ejercicio de esta actividad sin la licencia correspondiente, otorgando el preceptivo trámite de audiencia, que es previo al cese de la actividad. Dicho de otra manera, el organismo autónomo adscrito a la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible ha intervenido 63 viviendas de uso turístico y cuando ratifique el ejercicio de la actividad sin permiso administrativo podrá ordenar su cierre. En concreto, estos pisos estaban concentrados en las calles Ventura de la Vega, Costanilla de los Desamparados, Carretas, Santa María y Calvario.


Con respecto a los otros 43 expedientes abiertos a alojamientos, el consistorio no ha podido actuar, al no haber sido capaz de verificar durante las inspecciones que efectivamente se estaba ejerciendo una actividad económica con ese fin. El área que dirige José Manuel Calvoconfirma a este diario que han solicitado información complementaria a la comunidad para tratar de verificar la situación de estas viviendas, que se encuentran también en Ventura de la Vega, Núñez de Arce, Corredera Baja de San Pablo y Abades.


En ese sentido, en el consistorio insisten en que las actuaciones municipales en materia urbanística se vienen realizando sin perjuicio de las que "debe ejercer" el Ejecutivo regional liderado por Cristina Cifuentes, que es el que realmente tiene las competencias en materia de turismo. En ese sentido, consistorio y comunidad tienen abierta una guerra por la regulación de los apartamentos de uso turístico, sin que haya llegado a buen puerto un acuerdo. El pasado verano, la Consejería de Turismo elaboró un nuevo decreto con la intención de llevar a cabo esta regulación, una exigencia del sector hotelero madrileño, con el objetivo de que la vivienda cumpliera una serie de requisitos y los propietarios pusieran en conocimiento de la policía los datos necesarios sobre sus inquilinos. La principal novedad fue el anuncio de que las comunidades de vecinos podrían vetar que hubiera un solo piso turístico en sus edificios.


El decreto levantó ampollas entre los hoteleros, que aprovecharon el periodo final de alegaciones para lanzar su opinión al Ejecutivo regional: la principal demanda pasaba por exigir el fin de la competencia deslealy que se requiera una licencia específica para la "actividad económica que es". La presidenta madrileña aseguró estar abierta a "enriquecer" el texto con "aportaciones e ideas". Por ahora, sigue su tramitación. De forma paralela, el ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena se lanzó a elaborar un plan especial para la ciudad en el que se proponía exigir una licencia de hospedaje a los propietarios que destinen su vivienda a este fin más de tres meses al año. La idea fue aprobarlo en el pleno municipal para, inmediatamente, establecer una moratoria de un año en la concesión de estas licencias, dentro del uso terciario hotelerocomo parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).


La moratoria, como publicó este diario, afectará a todo el distrito Centro y, según el borrador al que tuvo acceso El Confidencial, en los barrios de Sol y Letras se vetarán las nuevas licencias de forma indefinida, hasta aplacar la saturación de pisos turísticos. En ambos barrios hay un mayor porcentaje de plazas para alojamiento turístico que para uso residencial.

El ayuntamiento defendió entonces usar sus competencias para tratar de frenar un problema en la ciudad y ante el vacío legal que, a su juicio, está dejando la comunidad. "Madrid ha optado por regular urbanísticamente esta actividad, al margen de la normativa sectorial en materia de turismo", insisten desde la Concejalía de Urbanismo, conscientes de que, en todo caso, las verdaderas competencias en materia de regulación las tiene el Ejecutivo regional. Los 106 expedientes abiertos en los últimos ocho meses se suman a los que afectaban a 122 apartamentos turísticos y que se corresponden con el periodo de 2015 y 2016.


Fuente: El Confidencial

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Actualizado: mar 8


La Unión Europea ha comunicado a la Comunidad de Madrid que el Ejecutivo regional puede continuar con la tramitación del nuevo Decreto con el que pretende "mejorar" la regulación actual en materia deviviendas de uso turístico.


Según ha informado el Ejecutivo madrileño, la respuesta de las autoridades europeas ha llegado a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea que, en su misiva, certifica que el procedimiento establecido por la Directiva 2015/1535 "está finalizado y, por lotanto, el proyecto puede seguir su tramitación administrativa".


Esto supone que, tras el estudio detallado del borrador de Decreto por parte de la Comisión Europea, las autoridades comunitarias no han planteado observaciones al documento, que fue remitido a Bruselas a mediados de noviembre de 2017. Fue la directora general de Turismo, Marta Blanco, la que se trasladó a finales de enero a la capital comunitaria para, en una reunión informal, explicar con detalle el contenido de la nueva norma.


Como ha señalado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, la decisión de la Comisión Europea supone que Europa "respalda el trabajo" que han desarrollado hasta ahora, algo que les "anima a continuar por la misma línea" que han trazado, "estudiando las alegaciones y sumando todo aquello que enriquezca el texto definitivo que, básicamente, tiene como objetivo principal ordenar una actividadcompleja y muy novedosa".


En su borrador, publicado en el Portal de Transparencia regional el pasado diciembre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid planteaba la necesidad no solo de mejorar el Decreto vigente, sino de ordenar la actividad, teniendo en cuenta los pronunciamientos judiciales así como las resoluciones del Parlamento Europeo.


En estos momentos, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes está estudiando las alegaciones que ha recibido al citado borrador y cuando se hayan analizado con detenimiento las mismas se dará a conocer eltexto definitivo.


Con esta norma, el Gobierno regional quiere dar "certidumbre a los usuarios de este tipo de servicio y a los propietarios de inmuebles que ponen en el mercado sus viviendas, pero también al conjunto del sector turístico, incluidas las plataformas que publicitan en la red estos servicios".


CERTIFICADO DE IDONEIDAD


Como novedad destaca la creación de un Certificado de Idoneidad para las viviendas de Uso Turístico (CIVUT), un documento que podrá ser expedido por un arquitecto o ingeniero y que permitirá a los propietarios de inmuebles dar de alta sus viviendas en el Registro de la Comunidad de Madrid.


Se trata de un documento que certificará que el inmueble en cuestión cumple con todos los requisitos fijados por la nueva normativa. "De este modo, se ofrece seguridad no solo a los consumidores, sino también a los propietarios y al vecindario en el que se ubique la vivienda", entienden desde el Ejecutivo.


Además, por primera vez, la Comunidad de Madrid define el concepto de canal de oferta turística, en el que se integran las plataformas online, con el fin de que salgan "del limbo actual" y pasen a tener consideración de empresas turísticas, "lo que las obliga a cumplir con la legislación, es decir, pasan a tener derechos pero también obligaciones".


Las plataformas, por tanto, deberán responsabilizarse de publicitar en sus webs solo aquellas viviendas de uso turístico que estén dadas de alta en el Registro de la Comunidad de Madrid y, por tanto, solo podrán ofrecer en Internet aquellas viviendas que cumplan con la norma.


SANCIONES DE HASTA 300.000 EUROS


Si no cumplieran con esa obligación, la Comunidad de Madrid podría abrir los correspondientes expedientes disciplinarios, lo que, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Turismo, podría suponer la imposición de sanciones de hasta 300.000 euros.


Para garantizar la seguridad de la actividad, el borrador de Decreto plantea una serie de medidas, como la obligación de los propietarios de los establecimientos turísticos de remitir a la Dirección General de Policía la información relativa a la identidad de las personas que se alojan en ellos.


Además, se incorpora la obligación de los arrendadores de contratar un seguro de responsabilidad civil; poseer hojas de reclamación a disposición de los usuarios; disponer de calefacción en funcionamiento, suministro de agua fría y caliente y fuentes de energía suficientes y respetar la ratio de capacidad de personas que se pueden alojar en función de las dimensiones de la vivienda.


Asimismo, se obliga a disponer de información de teléfonos y direcciones de los servicios de emergencia y sanitarios en al menos dos idiomas y de ventilación directa al exterior. Por último, las viviendas deberán disponer de un extintor, de señalización básica de emergencia así como situar en un lugar visible un plano de evacuación del edificio y de la vivienda.


Además, el borrador de Decreto fija una ratio máxima de personas alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de la vivienda. Así, en viviendas inferiores a 25 metros cuadrados útiles se podrán alojar hasta dos personas; en viviendas de entre 25 y 40 metros cuadrados útiles podrán alojarse hasta cuatro personas y por cada 15 metros cuadrados útiles adicionales se permitirán dos personas más.


Asimismo, por primera vez, se aborda cómo atajar el uso desordenado de este tipo de servicios por parte de los usuarios. Así, el Decreto se remite a la Ley de Ordenación del Turismo en lo relativo a la obligación de cumplimiento de las reglas básicas de convivencia y se obliga a los gestores o propietarios a facilitar a los turistas información sobre las normas de civismo, con el fin de ahondar en la toma de conciencia hacia un ejercicio responsable de este forma de turismo.


Fuente: La Vanguardia

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Actualizado: mar 8

  • Plataformas colaborativas deben facilitar datos del inmueble alquilado

  • La comunicación de datos se hará cada trimestre en servidores de la Agencia Tributaria


Las personas y entidades que intermedian entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos deberán facilitar trimestralmente a Hacienda la identificación del titular de cada vivienda, la del titular del derecho por el que se cede la vivienda -si es distinta del primero- y de las personas o entidades que utilizan el servicio de alquiler del inmueble.


Esta declaración afectará a los alquileres de vivienda con fines turísticos tanto si se ceden a título oneroso como si es gratuito y afectará a las plataformas colaborativas, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, según se establece en una orden ministerial que Hacienda ultima estos días y que regula el modelo de declaración a emplear.


Según esta norma, que desarrolla el Real Decreto 1070 -de 29 de diciembre de 2017-, Hacienda exigirá además, la identificación del inmueble con especificación de la referencia catastral, en su caso, así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos y el importe percibido por el titular cedente del derecho.


Para que la Agencia Tributaria pueda llevar un control exhaustivo de la actividad de este sector, las sociedades intermediaras deberán incluir el número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de la vivienda.


Plazo de adaptación


Establece la futura orden ministerial, que actualmente se encuentra en fase de información pública -hasta el próximo 19 de enero-, que con el objetivo de otorgar un plazo de adaptación de los sistemas de información al contenido de la nueva obligación, las declaraciones correspondientes a los dos primeros trimestres del ejercicio 2018 pueden presentarse hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio.


Por su parte, las correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2018 deben presentarse hasta el 31 de octubre de 2018 y 31 de enero de 2019, respectivamente.


La forma de presentaciónde la información -a través del modelo 179 de declaración informativa seguirá el mecanismo normativo establecido para la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a través de la Sede electrónica de la AEAT establecida en el artículo 62.6 del Reglamento de este tributo.


A partir de entonces, la periodicidad será trimestral, debiendo presentarse durante el mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre natural.


La explotación de las viviendas con fines turísticos supone una serie de importantes retos para las Administraciones Públicas, que se aprestan a incluir nuevas regulaciones, como es el caso de la tributación, distorsionada por la propia naturaleza de las plataformas que intermedian el negocio, a parte de la necesidad de regular las condiciones de prestación del servicio o la imposición de cupos o no por zonas para evitar la expulsión del vecindario tradicional y su consiguiente desnaturalización. La obligación de información tributaria, como dispone la Exposición de Motivos del Real Decreto, se establece con fines de prevención del fraude fiscal para personas o entidades, en particular, las plataformas colaborativas, que intermedien en la cesión de uso de las viviendas.


Quedan excluidos de esta obligación concepto, y no presentarán la declaración informativa los alojamientos turísticos regulados por su normativa específica y el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.


Fuente: El Economista


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